Sin duda muchos lectores sabrán lo que es una "certificación en calidad". Para los que no lo sepan aquí viene explicado en palabras de Bureau Veritas.
Hablando en plata: Una empresa A contrata (y paga) a una entidad de normalización B para que certifique públicamente (tras las correspondientes auditorías e inspecciones) que la empresa A sigue en su proceso productivo unos determinados procedimientos estandarizados. Ojo, es importante entender que la institución B NO CERTIFICA que los productos que fabrica A son buenos sino que al fabricarlos se sigue un procedimiento estandarizado (es decir siempre igual).
También es importante tener en cuenta que una certificación en calidad suele incrementar la cantidad de "papeleo" que maneja la empresa, ya que todo proceso tiene que ir protocolizado y documentado.
¿Y por qué paga esos dineros y se mete en esos follones la empresa A? Pues porque considera que un certificado en calidad mejora su imagen y supone una ventaja frente a sus competidores.
Y ahora viene el pasmo, que sé que lo estaban esperando: La Administración Pública PAGA a entidades privadas por obtener este tipo de certificados.
Concretamente y en cuanto a la Administración Educativa:
"El Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, en el curso 1999/2000, tomó la iniciativa de impulsar la implantación de sistemas de gestión de calidad de acuerdo con las normas ISO 9000 en centros de la Comunidad que impartiesen enseñanzas de Formación Profesional"
Es decir, la Administración educativa aragonesa PAGA a una entidad privada (AENOR)para que establezca los "procesos de gestión" de la enseñanza pública, audite y revise que esos procesos se cumplen y documentan adecuadamente (adecuadamente según los criterios de AENOR, claro) y finalemente le otorgue su certificado de calidad.
Y ahora, como siempre, vienen las preguntas incómodas:
¿No dicen que sobran funcionarios (muchos de ellos excelentemente preparados)?. ¿Es necesario contratar empresas privadas para enseñar a los docentes a hacer su trabajo?
¿Mejora realmente la calidad de la enseñanza que TODO lo que hace cada profesor esté protocolizado (y deba ser documentado) según un proceso estricto dictado por AENOR? Siendo además, entiendo yo, que la labor docente es extremadamente personal y cambiante.
¿Es positivo cargar a los profesores con tal cantidad de papeleo extra que les aparta de su auténtica labor que es preparar las clases y materias a impartir?
¿Necesita la Administración el "plus" de imagen que aporta una certificación en calidad? ¿No sería mejor que la Administración implantara los procesos necesarios (contando con asesoramiento si hace falta) pero sin pagar la pasta que conlleva el poder lucir el logotipo de AENOR?
Como me pasa siempre no tengo demasiadas respuestas. Puedo decirles que hay profesores que están a favor de la certificación en calidad. Yo, la verdad, no lo tengo claro. Son ustedes libres para opinar.
Hablando en plata: Una empresa A contrata (y paga) a una entidad de normalización B para que certifique públicamente (tras las correspondientes auditorías e inspecciones) que la empresa A sigue en su proceso productivo unos determinados procedimientos estandarizados. Ojo, es importante entender que la institución B NO CERTIFICA que los productos que fabrica A son buenos sino que al fabricarlos se sigue un procedimiento estandarizado (es decir siempre igual).
También es importante tener en cuenta que una certificación en calidad suele incrementar la cantidad de "papeleo" que maneja la empresa, ya que todo proceso tiene que ir protocolizado y documentado.
¿Y por qué paga esos dineros y se mete en esos follones la empresa A? Pues porque considera que un certificado en calidad mejora su imagen y supone una ventaja frente a sus competidores.
Y ahora viene el pasmo, que sé que lo estaban esperando: La Administración Pública PAGA a entidades privadas por obtener este tipo de certificados.
Concretamente y en cuanto a la Administración Educativa:
"El Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, en el curso 1999/2000, tomó la iniciativa de impulsar la implantación de sistemas de gestión de calidad de acuerdo con las normas ISO 9000 en centros de la Comunidad que impartiesen enseñanzas de Formación Profesional"
Es decir, la Administración educativa aragonesa PAGA a una entidad privada (AENOR)para que establezca los "procesos de gestión" de la enseñanza pública, audite y revise que esos procesos se cumplen y documentan adecuadamente (adecuadamente según los criterios de AENOR, claro) y finalemente le otorgue su certificado de calidad.
Y ahora, como siempre, vienen las preguntas incómodas:
¿No dicen que sobran funcionarios (muchos de ellos excelentemente preparados)?. ¿Es necesario contratar empresas privadas para enseñar a los docentes a hacer su trabajo?
¿Mejora realmente la calidad de la enseñanza que TODO lo que hace cada profesor esté protocolizado (y deba ser documentado) según un proceso estricto dictado por AENOR? Siendo además, entiendo yo, que la labor docente es extremadamente personal y cambiante.
¿Es positivo cargar a los profesores con tal cantidad de papeleo extra que les aparta de su auténtica labor que es preparar las clases y materias a impartir?
¿Necesita la Administración el "plus" de imagen que aporta una certificación en calidad? ¿No sería mejor que la Administración implantara los procesos necesarios (contando con asesoramiento si hace falta) pero sin pagar la pasta que conlleva el poder lucir el logotipo de AENOR?
Como me pasa siempre no tengo demasiadas respuestas. Puedo decirles que hay profesores que están a favor de la certificación en calidad. Yo, la verdad, no lo tengo claro. Son ustedes libres para opinar.
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